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Tras el desplome de los gigantes financieros de algunos de los países más ricos del mundo se ha producido una enorme crisis económica mundial de consecuencias todavía imprevisibles. Se ha dicho con frecuencia que estamos ante la primera crisis de la globalización. Pero, en mi opinión, la globalización económica, con sus recetas liberalizadoras e, incluso, ‘libertarias’ para impulsar el capitalismo global, no está en crisis. (Fuente ATTAC)

Todo lo contrario, el capital y sus rentas han triunfado sobre el trabajo, sus rentas y los derechos a él vinculados. Lo que está en crisis o, sería mejor decir, lo que todavía no se ha alcanzado es una adecuada gobernanza política de esta globalización, un control jurídico, político y democrático de la misma desde unos criterios de legitimación social aceptados por todos.

Los ciegos mecanismos financieros (guiados ahora por sofisticados sistemas informáticos) deciden e imponen a los Estados sus reglas, cuales son la especulación financiera sin límite ni control, la acumulación de dinero a partir del dinero en el marco de un capital monopolista financiero no productivo y, como consecuencia de esto, los ajustes económicos estructurales y la flexibilización de los mercados laborales que los Estados han de hacer para que esa dinámica ‘libertaria’ del capitalismo no asfixie definitivamente sus cuentas. Es al propio desarrollo endógeno del capitalismo como estructura económica global a lo que estamos asistiendo ahora.

A pesar de que muchos se apresuraron hace dos años a certificar la muerte del neoliberalismo económico en tanto que doctrina impulsora de la globalización e, incluso, la muerte del propio capitalismo, la realidad es que, lejos de fracasar, ha triunfado ampliamente. Y ahora le toca a Europa, la cuna del bienestar social, aplicar los ajustes económicos estructurales, las reformas en el mercado laboral, en los sistemas públicos de pensiones y los recortes en el gasto y en los sectores públicos que antes fueron exigidos a otros países menos desarrollados para hacer frente al pago de su deuda externa. Es la hora de la ‘latinoamericanización’ de Europa. Toca achicar los Estados y sus servicios públicos, en una segunda oleada de privatizaciones consistente en reducir el ámbito protector del Estado a la mínima expresión. Toca ahora llegar a un Estado cada vez más privatizado, donde la democracia corre el riesgo de quedar reducida a histriónicas escenificaciones electorales cada cuatro años, en las que el debate socioeconómico es sustituido por debates xenófobos contra la inmigración, islamofóbos contra una determinada cultura y religión o nacionalistas con tildes etnicistas.

Pero esta crisis plantea problemas fundamentalmente políticos, más allá de los económicos. Estamos en una situación en la que el pacto social entre capital y trabajo, entre economía y sociedad o entre mercado y democracia que ha funcionado durante los últimos 70 años, el denominado pacto ‘keynesiano’ o ’socialdemócrata’ que permitió la integración de la clase trabajadora en el sistema mediante la progresiva adquisición de derechos a cambio de la renuncia de ésta a la revolución, se ha roto. Y se ha roto por la fuerza compulsiva de los hechos, de los hechos impuestos por la expansión mundial de un sistema capitalista global, que ha conseguido, por una parte, la existencia de un imperio financiero monopólico, y por otra parte, una reserva mundial de mano de obra barata, que ha facilitado rápidamente las sucesivas oleadas de externalización laboral, llevadas a cabo por las empresas transnacionales, hacia países asiáticos con grandes déficits democráticos y de protección de derechos.

El pacto social ha sido superado por el triunfo de un capitalismo autoritario (el denominado ‘capitalismo de valores asiáticos’) sobre los derechos humanos, las decisiones democráticas, los espacios públicos de convivencia, los mecanismos de cohesión e integración sociales como son los denominados derechos económicos, sociales y culturales. Todo esto ha pasado a un segundo plano frente a las exigencias acumulacionistas de un capitalismo salvaje que ha vuelto a dominar el mundo. Estamos viviendo el triunfo de los derechos del mercado y en el mercado frente a los derechos de los seres humanos e, incluso, frente a las estructuras democráticas de las sociedades.

Todo lo relacionado con la conquista y la protección de los derechos humanos, los servicios públicos, universales y solidarios de educación, de salud o de pensiones es el resultado de debates socioeconómicos y de decisiones políticas democráticas. No pueden ser, por lo tanto, dejados sin más en manos de proveedores privados. Por ello, la economía, y mucho menos las exigencias de los mercados financieros, no han de constituirse en un fin en sí mismos, sino que han de ser instrumentos al servicio de las políticas públicas para mejorar la situación de los ciudadanos. Quizá necesitamos configurar de nuevo el pacto social para frenar la deriva salvaje en la que ha entrado la economía financiera e intentar, al menos, recuperar alguno de los principios clásicos de la economía social del mercado y contemplar otras opciones de crecimiento como las encaminadas a ‘crecer menos para vivir mejor’. Urge ahora civilizar la economía, para poder civilizar la sociedad.

 

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