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| El conflicto armado filipino dispara el tráfico de niñas |
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Ser una niña de facciones dulces y haber nacido en una de las zonas más pobres y conflictivas de Filipinas puede convertirse en una combinación desafortunada. Así lo fue para las catorce menores acogidas en el centro para víctimas del tráfico infantil Tanglaw Buhay en Zamboanga, la ciudad más al sur de la isla filipina de Mindanao. Según Unicef, Mindanao se ha consolidado en los últimos años como un centro de tráfico ilegal de personas a causa del conflicto armado entre el ejército filipino y los rebeldes separatistas musulmanes, que ha sumado la inestabilidad política a la extrema pobreza de la zona. (Fuente Público.es) La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, transportadas a las grandes ciudades filipinas, como Cebú o Manila, o a la vecina Malasia, y de allí a los países de Oriente Próximo, como Kuwait o Arabia Saudí, para su explotación sexual y laboral. Abusos generalizados "Todavía hay gente por el mundo dispuesta a pagar millones por una muchacha virgen", explica con la voz llena de rabia Rosevie Remulta, la trabajadora social a cargo de Tanglaw Buhay. Al entrar al centro, Remulta se calma para no alterar a las chicas, muchas de ellas con el trauma de haber padecido abusos psicológicos o sexuales a flor de piel. Tienen entre 9 y 20 años y vienen de las zonas rurales más pobres de Mindanao o de Visayas, en el centro del país. "Las mafias las detienen en la calle, les prometen un trabajo en el extranjero y les aseguran que con el salario podrán pagarse los estudios y enviar dinero a sus familias", explica Remulta. En algunas ocasiones incluso se las llevan con el permiso de los padres, como es el caso de una adolescente de ojos almendrados y piel color aceituna, de 15 años, que dice llamarse Arlin. Para garantizar su seguridad, las chicas no tienen permitido decir su nombre real. Arlin nació en una familia pobre de once hermanos, en una zona rural de Mindanao. Cuando una mujer se le acercó en la calle para ofrecerle un trabajo en Malasia, Arlin respondió que necesitaba el consentimiento de sus padres. Así que la llevó a su casa y estos aceptaron. "Las mafias utilizan a mujeres para persuadir a las chicas y a sus familias sin levantar sospechas. Con un hombre se sentirían más amenazadas", explica Remulta. Semanas después, las autoridades filipinas interceptaron a Arlin en el puerto de Zamboanga y la trasladaron al centro de acogida. El estrecho que separa Zamboanga de Malasia, una hilera de islas dominadas por rebeldes musulmanes, se ha convertido en un paraíso para el contrabando de menores, drogas y armas. Los menores suelen ir ocultos en las bodegas de los barcos, "pero a veces las mafias consiguen despistar a las autoridades alegando que las niñas van a visitar a sus familias en alguna de las islas cercanas, como Tawi Tawi", aclara Remulta, acariciando la melena oscura de Arlin. El Gobierno filipino y Unicef estiman entre 300.000 y 400.000 el número de mujeres víctimas del tráfico humano en Filipinas y entre 60.000-100.000 el número total de menores. "No quiero volver a casa", explica Arlin, mirando con una sonrisa cómplice al resto de muchachas. Desde que está en el centro, Arlin puede ir a la escuela, disfruta de tres comidas calientes al día y del cariño de Rosevie Remulta y las otras chicas. Dice que quiere ir a la universidad, viajar a EEUU y ayudar a su familia. Pero regresar ahora a casa significa para Arlin volver a la miseria. Las niñas permanecen en el centro durante varios meses antes de ser devueltas a sus familias por miedo a represalias de los secuestradores. En algunas ocasiones las menores también son objeto de maltrato psicológico al regresar a sus aldeas, normalmente en zonas rurales conservadoras, donde son discriminadas por haber padecido abusos sexuales. Las ONG suelen denunciar a los traficantes de personas, pero las demandas pocas veces prosperan "porque hay políticos y jueces implicados", explica Remulta. "Corrupción endémica" Según el último informe del Departamento de Estado de EEUU sobre derechos humanos, los esfuerzos de Manila por controlar el tráfico de personas "están limitados por una corrupción endémica, la falta de un sistema judicial fiable y la escasez de recursos para llevar a cabo las investigaciones y procesos judiciales". El dato más alarmante, destaca el informe, es el bajo número de condenas por trata de blancas. Desde que el Gobierno aprobó en mayo de 2003 la primera ley contra el tráfico de personas, sólo 13 casos han llegado a juicio, dos en Zamboanga. |
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