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Cáritas atenderá a las personas de la ciudad en grave riesgo de exclusión, sin techo o transeúntes o enviadas por los Servicios Sociales

En su sesión ordinaria de la presente semana la Junta de Gobierno Local ha aprobado la firma de un convenio de colaboración con Cáritas Interparroquial de Toledo, cuyo desarrollo supondrá la concesión de una ayuda de 39.000 euros. Esta cantidad tiene como finalidad contribuir al sostenimiento del comedor social del Albergue «Cardenal González Martín».
Este convenio, cuyos efectos económicos se retrotraerán a fecha 1 de enero, regulará la colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y Cáritas Interparroquial, a la vez que reforzará la coordinación entre ambas partes para contribuir al sostenimiento de este comedor social.
En virtud de este acuerdo, Cáritas Interparroquial atenderá a las personas sin techo o transeúntes o personas de la ciudad en grave riesgo de exclusión enviadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento o la Policía Local, de acuerdo con un protocolo que se incluye en el convenio aprobado
En otro orden, la Junta de Gobierno ha acordado la cesión en precario de un terreno de 42,50 metros cuadrados, a la empresa «Iberdrola», para instalación de centro de transformación en las proximidades de la Avenida General Villalba.
Se han aprobado tres expedientes de modificación de crédito para incorporar a los Presupuestos Municipales diferentes ayudas económicas de distintas entidades para financiar actividades culturales, festivas y educativas. Entre estas últimas destaca una aportación de la Junta de Comunidades, por importe de 13.200 euros para actividades de refuerzo y apoyo escolar durante los meses de verano
Finalmente destacar que se ha aprobado inicialmente el Reglamento de Servicios y Régimen Interno de Explotación y Mantenimiento del Tanatorio. Este documento será sometido a información pública por plazo de treinta días hábiles, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Con esta norma se regulan las condiciones de la explotación y también se trata de evitar que se repitan problemas entre las empresas que afecten a las familias de los fallecidos.